ECONOMÍA ·

Una de las máquinas de un parque eólico gallego ANA GARCÍA

La jurisprudencia del alto tribunal, que valida la tramitación de la Xunta, obliga al TSXG a retomar los recursos y apunta al desbloqueo de los recintos

25 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dejó en suspenso 120 pleitos presentados fundamentalmente por organizaciones ambientales contra los proyectos de construcción de 64 parques eólicos, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre cuestiones sobre las que apelaban esas entidades en sus recursos. Es lo que se llama, en el lenguaje jurídico, por prejudicialidad casacional.

El alto tribunal, que ya había dictado sendas sentencias en las que validó la forma en la que la Xunta tramita los proyectos, se volvió a pronunciar el pasado viernes en idéntico sentido. En los dos primeros fallos, dio la razón al Gobierno gallego sobre dos cuestiones de los procesos de evaluación ambiental que cuestionaban los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG con respecto a la repotenciación del parque eólico de EDP en Corme. Por un lado, el Supremo dijo que el recorte de los plazos de exposición pública no impedía la participación de los interesados, e igualmente, afirmó que, los informes sectoriales no tienen —los que emiten organismos con competencias sobre las posibles afecciones de los parques— que ser puestos a disposición del público en el mismo momento que el proyecto y la evaluación de impacto ambiental, como consideran los magistrados gallegos. Además, en su último pronunciamiento, relativo al parque Campelo, de Greenalia —la sentencia aún no se ha publicado, aunque se espera en cuestión de días— ratificó las dos cuestiones anteriores y descartó que el hecho de que varios recintos compartan infraestructuras de evacuación implique una fragmentación artificiosa.

«Tras esa sentencia del Tribunal Supremo, 120 pleitos están obligados a verse desbloqueados», afirma Carmen Bouso, secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, quien incide en que la importancia de ese fallo, por cuanto sienta jurisprudencia y obliga al TSXG a retomar los pleitos en el momento procedimental en los que los dejó.

Además de reiterar la importancia que tiene el pronunciamiento del Supremo para los funcionarios y técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, que en los últimos años han tenido el foco en su trabajo —al ponerse en duda la legalidad de su forma de proceder con los proyectos—, abundó en que tiene que reactivar el procedimiento judicial suspendido.

Por esta misma razón, Carmen Bouso entiende que tiene una gran trascendencia con independencia de que aún no se haya pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras la triple cuestión prejudicial que le había elevado el TSXG. Pese a que el Supremo ya se había pronunciado sobre el momento en el que hay que poner a disposición de los interesados los informes sectoriales —validando que puede hacerse tras sacar a exposición pública los proyectos y su evaluación ambiental— los jueces gallegos decidieron preguntar a los magistrados de Luxemburgo.

«Es la tercera vez que el Tribunal Supremo dice que en Galicia, desde la perspectiva de la tramitación del procedimiento, se están haciendo las cosas bien y hay que desbloquear los pleitos porque cumplen con la normativa comunitaria y estatal básica. Y lo ha dicho antes y después de que se plantease la cuestión prejudicial ante el TJUE», subrayó.

En estos momentos están activos 227 litigios que afectan a 92 parques

El último pronunciamiento del Supremo afecta a 120 litigios y a 64 parques, pero no son, ni mucho menos, los que están activos, impulsados principalmente por organizaciones ecologistas, contra los proyectos para construir recintos eólicos en la comunidad. La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente explica que, en estos momentos, hay 227 pleitos contra 92 parques. El contexto actual en Galicia implica que, con frecuencia, se interpongan varios recursos contra un solo recinto, y así se explica el desfase entre cifras.

Petición al Supremo

En la causa que siguió el Supremo contra la autorización otorgada por el Gobierno gallego para la construcción del parque Campelo, de Greenalia, una de las entidades que recurrió esa autorización pidió al Tribunal Supremo que aplazase su pronunciamiento a la espera de que lo hagan las autoridades judiciales comunitarias. Sin embargo, el alto tribunal rechazó esta posibilidad y dictó jurisprudencia.

Si bien esta doctrina afecta a los pleitos en curso en Galicia, resta por conocer qué pasará con las medidas cautelares que los magistrados de la comunidad impusieron a la gran mayoría de los expedientes eólicos en curso. Una gran parte de las paralizaciones ordenadas por el TSXG están fundamentadas en el posible daño ambiental —ya evaluado en la tramitación autonómica— de las instalaciones, y por ello decidió suspender el proceso de ejecución.

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Dueños del monte se saltan la ley para plantar eucalipto por su rentabilidad

maría cedrónREDACCIÓN / LA VOZ

VÍTOR MEJUTO

Medio Rural cursó en tres años 1.115 multas por incumplir la moratoria

24 mar 2025 . Actualizado a las 09:49 h.

Hace poco más de cuatro años, en febrero del 2021, el Parlamento gallego dio luz verde a la primera revisión del Plan Forestal de Galicia 2021-2040 Cara a neutralidade Carbónica. Tras un largo debate, el sector forestal y la Administración se ponían por fin de acuerdo sobre cómo debía ser el diseño del monte gallego en el horizonte de los próximos veinte años. Según los datos disponibles en aquel momento (422.200 hectáreas con presencia de eucalipto, 300.500 de las cuales estaban compuestas únicamente por esa especie), el documento preveía reducir en un 5 % esa superficie en dos decenios. Cinco meses después, el 2 de julio del 2021, entraba en vigor el veto temporal a la realización de nuevas plantaciones en terrenos donde antes de esa fecha no estuvieran creciendo eucaliptos. Desde entonces, pese a la moratoria recogida en una disposición transitoria de la Lei de Recuperación de Terra Agraria, algunos propietarios —en Galicia un 63 % de la superficie forestal es de particulares— se han saltado la norma al plantar esta especie donde no debían. Y las multas están llegando.

A partir de 601 euros

Solo en los años 2022, 2023 y 2024 los servicios jurídicos de la Consellería do Medio Rural, según datos facilitados por ese departamento de la Xunta, remitieron 1.115 multas por nuevas plantaciones ilegales que, además, han de ser levantadas. Su importe puede ser a partir de 601 euros, según se desprende de la ley. Antes de la moratoria también llegaban cartas. Sobre todo eran sanciones por plantar eucalipto en terrenos agrícolas —algo que estaba y continúa prohibido— o porque no guardaban las distancias debidas con viviendas. Como ejemplo, en el 2021, se remitieron desde la Consellería 756 sanciones, una cifra que engloba las distintas casuísticas, dado que el veto entró en vigor a mediados de año.

Los datos elaborados a partir de imágenes satélite del Inventario Forestal Continuo, cuya puesta en marcha también viene recogida en esa primera revisión del Plan Forestal para saber realmente cuál es la superficie que ocupa cada especie en el monte gallego, pronto podrían acabar delatando, o no, más casos de eucaliptos que estarían fuera de la norma.

El mercado de la madera en Galicia

La Voz

Habrá que comprobar lo que dicen las fotografías a partir de este año y los posteriores. Porque, como explica el profesor de la Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra (UVigo) y uno de los que participan en la elaboración del Inventario, Juan Picos, es a partir de tres años cuando los nuevos árboles comienzan a ser captados en las fotos al sobresalir de entre el matorral. Pasado un tiempo, nada escapa al satélite.

La llegada de este tipo de sanciones evidencia que hay algunos propietarios forestales que, pese a la prohibición y al fomento por parte de entidades como la Fundación Arume de la madera de coníferas para el sector de la construcción u otros usos de mayor valor añadido, arriesgan y continúan apostando por el eucalipto. ¿Por qué? A veces por ignorancia, pero también porque, como coinciden distintas fuentes del sector, les permite obtener liquidez en un menor plazo de tiempo. «O ciclo de corta é menor que o do piñeiro e as plantacións requiren un gasto en mantemento moito máis baixo que as de coníferas, nas que hai que facer rareos ou podas para obter unha madeira de calidade que se pague ben por parte da industria», explica una de esas fuentes que prefiere mantener el anonimato.

El precio medio en pie —un árbol en el monte— de la tonelada de eucalipto globulus con cáscara para pasta está en torno a los 34 euros. El nitens —una especie que, al contrario de la anterior, es capaz de crecer en zonas más elevadas— está en 30. La tonelada de pino pinaster o de radiata ronda los 45 de media por lote. «O prezo do piñeiro recuperou, despois da baixada que veu trala importante mellora dos anos 2020 e 2021 pola demanda para construción. Estímase que nuns meses estea estable. No caso do eucalipto hai que ter en conta que nos últimos meses baixou o prezo da pasta de papel, o prezo en pé mantense, aínda que pode haber certa contención. Isto entra dentro do ciclo desta especie», explican desde la Asociación Forestal de Galicia. Otra diferencia es que mientras los eucaliptos, en función de la variedad, pueden cortarse a partir de los doce años, en el caso de las coníferas hay que aguardar al menos unos 25.

Mejores precios

Con estas tarifas en la mano hay fuentes en el sector forestal que dicen que «a industria das coníferas tería que poñerse de acordo para subir un pouco os prezos para que as plantacións sexan atractivas para os particulares. Para unha comunidade de montes pode ser atractivo porque no medio das cortas pode sacar outros rendementos, pero para un particular cun minifundio non é tanto».

A esto se une el problema de la banda marrón que afecta al pino radiata. «Hai xente que cortou piñeiro e non quere volver plantalo. Está agardando a ver que pasa coa moratoria a partir do 31 de decembro», comenta una fuente que sabe bien lo que se mueve en el monte. Según la disposición transitoria de la Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia que la regula estará vigente hasta esa fecha. Antes habrá que ver los datos del Inventario Forestal Continuo —los últimos presentados hablan de 413.086 hectáreas de eucaliptales —para revisarla de acuerdo a los objetivos del Plan Forestal.

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Las claves de una sentencia pionera contra las comunidades de montes

carlos punzónVIGO / LA VOZ

GALICIA ·

Vivienda de 1955 cuya titularidad reclamaba la comunidad de Cabral. .

El TSXG niega a los comuneros de Cabral, en Vigo, la propiedad de una finca con casa, una decisión pionera que varía la argumentación con la que los propietarios de montes han ganado varios pleitos con planos del siglo XIX

25 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado un giro a la argumentación con la que diversas comunidades de montes de Galicia han venido recuperando la propiedad de numerosas parcelas que un día dejaron de ser explotadas por colectivos vecinales y fueron reutilizadas por infraestructuras públicas, polígonos industriales, o incluso viviendas particulares.

Este ultimo tipo de casos ha generado un revés a la Comunidad de Montes de la parroquia viguesa de Cabral, entidad que pretendía que le fuera reconocida la titularidad de una parcela de 1.600 metros cuadrados con una vivienda levantada en 1955, ubicada entre el aeropuerto de Peinador y el recinto ferial de la ciudad.

Hasta el momento, la Justicia ha venido dando por sistema la razón a los montes de man común en sus reclamaciones, en base al argumento legal que esgrime dicho colectivo de que las parcelas comunales nunca pierden su titularidad aunque dejen de ser usadas para fines forestales, agrarios o ganaderos, dado que la ley que regula dicho suelo lo declara inalienable, y por tanto no se puede vender, es imprescriptible y nunca muda su titularidad, y son indivisibles e inembargables.

Pero el TSXG no ha admitido el recurso de los comuneros frente a la sentencia de la Audiencia de Pontevedra en la que no se consideran claros los planos de 1891 aportados por la comunidad de montes, ni tampoco le otorgan veracidad oficial. La sentencia alude a que en otros casos los tribunales optan por dar la razón a las organizaciones vecinales cuando la propiedad discutida se enclava en medio de un monte de man común, pero en este caso se trata de una parcela situada en uno de sus lindes.

Ante la duda en la disputa, el tribunal opta por no quitar al demandado sus derechos de propiedad legados en su familia a lo largo de varias generaciones.

Comprada en los cincuenta

«La parcela en la que se ubica la vivienda está inscrita en el Registro de la Propiedad desde 1955 y consta documentalmente que su anterior propietario la había adquirido en 1947. Los demandantes no prueban en su reclamación que la propiedad fuese en algún momento de la comunidad de montes», señala el abogado que ha ganado el caso, Andrés Malvar Pintos, del despacho pontevedrés Mareque y Malvar.

«No se sabe quién hizo en 1891 el plano que aportó la comunidad de montes; no se sabe cómo se realizaron las mediciones y se establecieron los lindes, y carece de validez por parte de la Administración Forestal», continúa el letrado. Malvar, que ha representado en otras asuntos a diversas comunidades de montes, considera «fuerte» pretender discutir la propiedad de una vivienda más de medio siglo después de su registro, estableciendo en todo caso una diferencia clara con otros pleitos donde se discute la titularidad con la Administración, promotoras o núcleos empresariales.

Los comuneros de Cabral habían conseguido recuperar la titularidad de parcelas de gran impacto como terrenos del aeropuerto de Vigo por los que Aena tuvo que pagarles 7 millones de euros, y también ganaron pleitos por fincas en las que la Xunta ha levantado el recinto ferial del Ifevi, un centro de secundaria y un colegio, o la planta de la ITV de Peinador.

«En ningún caso ganado lo han vuelto a explotar como monte»

Beatriz Ucha, presidenta de la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes, mantiene de manera contundente que los comuneros «solo pleitean por interés económico. No les mueve la recuperación del monte, dedicarlo a temas forestales o por un bien medioambiental. No conozco ningún caso en el que hubieran ganado y recuperado la titularidad de una parcela en el que la hubieran vuelto a explotar como monte», atestigua.

Adelanta que la argumentación seguida en la reciente sentencia certificada por el TSXG está siendo expuesta ya en otros pleitos fallados en diversos tribunales gallegos en primera instancia, pero que han sido recurridos por las organizaciones vecinales y están a la espera de revisión.

Ucha aboga por una reforma de la ley de montes «que ponga fin a esta inseguridad jurídica. No puede ser que en unos casos se nos dé la razón y en otros similares, no. No puede ser tampoco que más de sesenta años después de haber registrado una propiedad y nadie haya puesto ningún impedimento, sea reclamada por las comunidades de montes, y no para explotarlas para su fin originario. Hay que poner un límite temporal que acabe con esta inseguridad jurídica», clama.

Galicia tiene 3.312 comunidades de montes que suman una quinta parte de todo el suelo de la comunidad autónoma.

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